Artículo de revisión
Universidad del Azuay | Cuenca - Ecuador | CP 010107
La pandemia de la COVID-19 provocó graves consecuencias económicas y sociales, donde los jóvenes de Latinoamérica y en Ecuador, específicamente, han sido los principales perjudicados en temas relacionados con el mercado laboral y la criminalidad. En este contexto, el objetivo del presente estudio fue describir la situación laboral y social de los jóvenes a nivel regional y nacional bajo el contexto de la pandemia actual. La metodología utilizada fue del tipo cualitativo-descriptivo ejecutada en dos etapas. En la primera, se realizó una revisión sistemática de la literatura; y, en la segunda, se recopiló información estadística relacionada con el tema de estudio. Los resultados confirmaron la existencia de obstáculos y falta de oportunidades en el mercado laboral que se derivan de escenarios macroeconómicos hostiles y que deben ser enfrentados por los jóvenes de la región y la nación de estudio. Las consecuencias de dichos escenarios se traducen en informalidad laboral y criminalidad. Se concluye que, los efectos de la crisis provocada por la pandemia inciden negativamente en el ámbito socioeconómico, para lo cual se requiere del diseño y ejecución de medidas público-privadas encaminadas al aprovechamiento y formación de las personas que conforman el grupo etario en cuestión.
Palabras clave: crisis económica, mercado laboral, población joven, crisis social, criminalidad, desempleo.
The COVID-19 pandemic caused serious economic and social consequences, in which young people of Latin America and Ecuador, particularly, have been the main victims in issues related to the labor market and crime. The objective of this study was to describe the employment and social situation of young people at regional and national levels in the context of the current pandemic. The qualitative methodology was applied to conduct this research, with a descriptive type; it was developed in two stages. In the first one, a systematic review of the literature was carried out; in the second one, statistical information related to the subject of study was collected. The results confirmed the existence of obstacles and lack of opportunities in the labor market that derive from hostile macroeconomic scenarios and that must be faced by the young people of the region and the nation of study. The consequences of these scenarios translate into labor informality and criminality. It is concluded that the effects of the crisis caused by COVID-19 have a negative impact on the socioeconomic field; to overcome it is necessary to design and implement public-private measures aimed at the use and training of the people who make up the age group addressed.
Keywords: economic crisis, labor market, young population, social crisis, crime, unemployment.
Referencia en APA-7ma: Armijos, Ana; Maldonado, Juan; Guerrero, Pedro; González, María. (2022).Informalidad laboral y criminalidad juvenil en Latinoamérica y Ecuador. Revista Ciencias Pedagógicas E Innovación, 10(2), 144 - 158. DOI: 10.26423/rcpi.v10i2.597
El entendimiento de la lógica del trabajo juvenil desde la perspectiva económica se subyace, por un lado, en la explicación de las consecuencias sociales desatadas de las crisis económicas recurrentes y sus ajustes asociados dentro de un modelo de desarrollo; así como de las políticas sociales, encaminadas a producir capital humano como motor principal de desarrollo y del aseguramiento de niveles de protección humana frente a crisis (Albornoz et al., 2021; Martínez et al., 2006). Por otro, requiere del entendimiento de aquellas estrategias llevadas a cabo por individuos y familias, para sobrevivir bajo las coyunturas económicas y los entornos sociales a los que tienen que enfrentarse (Martínez et al., 2006). Es decir, la comprensión del trabajo juvenil requiere de un análisis integral, que dista de ser sencillo pues, en esencia, es un fenómeno complejo.
La llegada de COVID-19, trajo consigo efectos negativos sin precedentes en la economía mundial, mismos que incidieron de forma significativa en el mercado de trabajo, especialmente en Latinoamérica y Ecuador. Esta situación, se corrobora con los diferentes reportes publicados por organismos internacionales que señalan que las medidas de contención de la pandemia provocaron que el mercado de trabajo en la región realice fuertes ajustes en la demanda y oferta (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020). Así, a nivel regional, la tasa de desocupación juvenil triplicó a la de los adultos y duplicó a la tasa general promedio de desempleo, siendo esto equivalente a 10 millones de jóvenes aproximadamente que buscan empleo, pero que no logran conseguirlo (OIT, 2021). En el mismo contexto, Ecuador reportó un incremento de 14 puntos porcentuales en la tasa de desempleo juvenil durante el periodo de pandemia, comprendido entre junio del 2019 y junio del 2020 (Esteves, 2020).
Ante esta realidad y, con el afán de mitigar los efectos negativos, Rocha et al. (2021, p. 159) señalan que es necesario implementar medidas relacionadas con una economía social, en donde se promuevan actividades dirigidas hacia el bienestar de las personas en primer lugar, seguido de la generación de riqueza mediante la creación de fuentes de trabajo dignas y estables.
El objetivo de la presente investigación fue describir la situación actual de los jóvenes en el mercado laboral latinoamericano y ecuatoriano, así como también las consecuencias derivadas de dicho contexto en los ámbitos económico y social, mediante una revisión bibliográfica profunda.
La presente investigación se llevó a cabo a través de dos etapas que fueron la revisión sistemática de la literatura, seguida de la recopilación de estadísticas que corroboraran los establecimientos teóricos expuestos. Así, en la primera, se utilizó el software Publish or Perish para recabar información de fuentes secundarias oficiales pertinentes al tema de estudio, tales como revistas académicas y repositorios de organismos oficiales. Los criterios de búsqueda priorizados se muestran en la Tabla 1.
Es importante mencionar que, dada la importancia de la temática en las regiones de estudio, se utilizaron años anteriores al periodo mencionado. Una vez obtenida la información se procedió a realizar un filtro y selección de aquellos artículos que presentaron el mayor número de citaciones e impacto, para después realizar un fichaje de una muestra de ellos utilizando el método inductivo-deductivo, priorizando el contenido de su título, resumen y conclusiones. Finalmente, se obtuvo un total de 52 citas.
En la segunda etapa, se procedió a recopilar información estadística proveniente de fuentes secundarias oficiales, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas se encontraron el Banco Mundial, el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Así, una vez recabada la información tanto cualitativa como cuantitativa, se pudo cumplir con el objetivo propuesto en esta investigación.
Previo a la presentación de resultados, se debe señalar que el estudio evaluó diversos aspectos relacionados con el mercado laboral, haciendo énfasis en la informalidad, tanto a nivel regional como nacional. Dichos aspectos, se presentan en la Tabla 2.
Para comenzar, a nivel latinoamericano, la población joven5 parece contar con una situación más favorable en comparación con la de generaciones pasadas, en cuanto a la existencia de condiciones necesarias para la obtención de un desarrollo pleno en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, existen niveles de educación formal más elevados, un mejor manejo de tecnologías útiles para el desarrollo productivo y económico, un mayor grado de adaptabilidad en contextos altamente cambiantes y una mayor esperanza de vida. No obstante, también se han identificado una serie de obstáculos que dificultan el aprovechamiento adecuado de dichas ventajas, las cuales guardan una relación directa con la inserción laboral. Así, los jóvenes deben enfrentarse a procesos de integración social mucho más complejos, dado que el empleo constituye su mecanismo principal para alcanzarla. Además, este panorama pone en evidencia la insuficiente inversión social que da paso tanto a una subutilización del capital humano, así como también a un bajo crecimiento económico (Campuzano et al., 2006).
Ahora bien, la situación laboral juvenil descrita, se vio aún más afectada con la llegada de la pandemia ocasionada por la COVID-19. En este marco, la CEPAL, reportó entre sus mensajes principales que el desempleo aumentó en la región con efectos en pobreza y desigualdad, en donde uno de los grupos sociales más afectados fue el de los jóvenes. Ello, vino de la mano con el cierre de más de 2 millones de empresas, una caída de la inversión privada y el fuerte deterioro de las habilidades humanas y de las capacidades productivas (Bárcena, 2020; OIT, 2020b), especialmente en aquellos entornos urbanos poco consolidados y con condiciones de habitabilidad inadecuadas que impidieron la continuación normal de actividades laborales y educativas (Ordóñez Barba, 2020).
Por otro lado, la participación de los jóvenes en el mercado laboral ecuatoriano en particular también dista de ser alentador. La razón de ello radica en que este grupo de población considera que las condiciones laborales que les son ofrecidas, no se adaptan a sus contextos, aspiraciones y necesidades; además, resaltan el marcado ‘adultocentrismo’ existente, al igual que la reducida o nula oferta de alternativas que valoren su preparación por encima de su experiencia. Esta situación deriva en otras mucho más complejas frente a las coyunturas macroeconómicas hostiles, tales como la provocada por la pandemia (Olmedo, 2018). Para corroborarlo, se debe señalar que, de los grupos etarios más perjudicados en términos de pérdida de empleos durante dicho periodo, fue aquel conformado por jóvenes de entre 15 a 24 años (Esteves, 2020).
Asi mismo, hay quienes afirman que, en el país, existe una desconexión entre Estado y sociedad, en lo concerniente a la problemática del empleo juvenil. La razón de ello se sustenta en la existencia de una posición conservadora que espera que el mercado sea el que, a largo plazo, resuelva los desajustes de demanda y oferta laboral, trayendo como consecuencia el aumento del desempleo, subempleo, precariedad y mala calidad del trabajo que, en conjunto, reducen las posibilidades de generar empleo decente como fuente de progreso, conocimiento y experiencia (Torres et al., 2018), para este grupo poblacional (Martínez et al., 2006). A su vez, a ello se suman graves consecuencias sociales que lo posicionan en una situación de alta vulnerabilidad.
Para corroborar dichas afirmaciones,Torres et al. (2018); Monesterolo (2020) y López y Botello (2022), destacan que la reducción de ingresos en las familias, como resultado del desempleo de quienes son el sustento de un hogar, genera un impacto negativo sobre el nivel de vida en donde, entre otras consecuencias, se pone en detrimento el desarrollo académico de los jóvenes, creando así pobreza y precariedad. Dicho panorama, además, viene acompañado de problemáticas más profundas como la generación de insatisfacción, inestabilidad emocional, entre otras.
Según expertos, la evolución de los mercados laborales estaría en función, por un lado, del manejo de la pandemia y, por otro, de la forma y la fuerza de reactivación económica, en donde la velocidad de dicha evolución debió mantener una correlación directa con el crecimiento económico y la generación de empleo (CEPAL, 2020).
Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 llegó a América Latina en un momento de bajo crecimiento económico. De hecho, en el sexenio previo a la pandemia (2014-2019), la región presentó un modesto crecimiento del 0,3% y, en el 2019, tan sólo de un 0,1%. Además, las medidas adoptadas para frenar los contagios, entre las que figuró la inevitable paralización de actividades productivas, provocaron que la región sufriera una caída del 7,7% en su PIB en el 2020. Ello es equivalente a la peor crisis económica, social y productiva de los últimos 120 años. Consecuentemente, la contracción económica vino acompañada de un aumento notable de la tasa de desocupación, misma que se esperaba que oscilara alrededor del 10,7% en el periodo de pandemia (CEPAL, 2020). En materia de desigualdad, una variable que resulta de gran preocupación para los expertos es el nivel de pobreza, el mismo que aumentaría especialmente entre aquellos trabajadores informales y vulnerables, incapaces de mantener un nivel de ingresos estable durante la crisis (OCDE, 2020). Lo expuesto, se presenta la Figura 1.
Tal como lo evidencian las estadísticas, durante el periodo 2000-2020, la tasa de variación del PIB ha mostrado un comportamiento altamente variable. Además, como es de esperar, la tasa de desempleo registrada en el mismo periodo ha presentado un comportamiento inverso al PIB, pero igualmente variable. Siguiendo esta misma línea, se puede notar claramente que, a partir del año 2014, la tasa de desempleo ha mostrado una tendencia creciente y que, a pesar del incremento del PIB en años posteriores, su tendencia al alza desde el 2019 ha sido significativa.
No obstante, lo preocupante de ello es que, si bien es cierto que la tasa de desempleo se ha mantenido persistentemente alta en la región, la correspondiente a la de los jóvenes lo ha sido aún más y, por tanto, su tendencia se mantiene en crecimiento. Ésta, ha aumentado progresivamente a medida que el crecimiento económico se estancó (Nuguer y Powell, 2020), tal como lo muestra la Figura 2. De esta forma, se evidencia la subutilización del capital humano en la región, al igual que la complejidad en los procesos de inserción en el mundo laboral para este grupo particular de población.
Una situación similar se presenta en Ecuador. Según reportes del Banco Central del Ecuador, la COVID-19 ha traído como consecuencia una disminución del PIB que oscila entre el -7,3% y el -9,6%, la peor caída del crecimiento económico desde 1927, año a partir del cual se tienen datos. De hecho, dichas cifras presentan una contracción mucho peor que las suscitadas en las crisis anteriores: la gran depresión de 1933 (-4,2%), la crisis financiera de 1999 (-4,7%) y la ocasionada por el terremoto en 2016 (-1,2%) (BCE, 2020). Para demostrarlo, se presenta la Figura 3.
Tal como se puede observar, el PIB ecuatoriano ha presentado un comportamiento mucho más variable, en comparación con la tasa de desempleo, en donde uno de los escenarios más hostiles fue el periodo inicial y posterior a la crisis financiera de 1999. Durante ese año, la gran brecha existente entre ambas variables macroeconómicas es evidente y probablemente, para el periodo 2020-2022, los escenarios pesimistas sean aún mayores. De hecho, al igual que en Latinoamérica, la pandemia llegó al país en un momento de ralentización notable del crecimiento económico, el mismo que comenzó a presentar una tendencia claramente decreciente a partir del año 2010.
En cuanto a la tasa de desempleo juvenil, con respecto al desempleo total, las cifras estadísticas nacionales reflejan una realidad similar a la regional, tal como se muestra en la Figura 4. No obstante, merece la pena señalar que, en este caso, el comportamiento del empleo juvenil ha sido mucho más variable y su tendencia es decreciente, en comparación con la situación regional.
Ahora bien, conviene señalar aquí que, hacia el año 2020, la brecha entre el desempleo total y el juvenil, aunque amplia en el caso de América Latina y el Caribe en general, así como en Ecuador en particular, en esta última nación la brecha es menor. Ello da a entender que la participación de los jóvenes ecuatorianos en el mercado laboral es mayor, en comparación con la del resto de los jóvenes que forman parte de la región. En este mismo contexto y, sabiendo que la crisis desatada por la COVID-19 afectó principalmente a la población joven en el mercado laboral, se sabe que la gravedad de los efectos no son los mismos para hombres que para mujeres. Así, según cifras del Banco Mundial, ante variaciones del PIB, la población juvenil femenina latinoamericana ha sido la más afectada históricamente, tal como lo muestra la Figura 5. La diferencia promedio en la tasa de desempleo con respecto a la de varones en el periodo analizado, es de 5,96 puntos porcentuales aproximadamente.
Esta situación, se corrobora con las tendencias identificadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el mercado laboral latinoamericano que, entre las principales, fueron las siguientes: las brechas de género en el empleo se mantienen, registrándose tasas de desempleo femeninas superiores a los dos dígitos; además, el desempleo juvenil superó ya en el 2017 a los 10,2 millones de personas (Olmedo, 2018).
Para el caso de Ecuador, en cambio, aunque se esperaría un comportamiento similar de desventaja de la población femenina joven con respecto a la masculina, este es un tanto más variable y favorable, tal como lo muestra la Figura 6. La diferencia entre ambas tasas en el periodo de estudio fue de 4,25 puntos porcentuales, es decir, menor al registrado a nivel regional.
De hecho, a diferencia de América Latina y el Caribe, en donde la brecha y el comportamiento entre ambas tasas de desempleo fue relativamente similar durante todo el periodo de análisis, en Ecuador no fue así. Para demostrarlo, en el periodo 2003-2007, la brecha entre las tasas de desempleo disminuyó considerablemente develando de esta manera, la mayor participación femenina dentro de la economía. Sin embargo, a partir de dicho periodo hasta la actualidad, la brecha se ha ampliado. A este último respecto, Albuja-Echeverría y Enríquez-Rodríguez (2018) señalan que, en Ecuador, las dinámicas laborales han cambiado en las últimas décadas, permitiendo una mayor inserción de las mujeres, pero también creando subempleo para las mismas. De hecho, continúan realizando labores sin remuneración, entre ellas, el cuidado a los hijos, obstaculizando así su acceso a oportunidades laborales o de ascenso. Ello, a pesar de que la Constitución garantiza la educación, la salud y el trabajo sin ninguna discriminación, creando oportunidades para los grupos más vulnerables y socialmente discriminados (Albuja-Echeverría y Enríquez-Rodríguez, 2018; Unicef, 2021).
El resultado de los escenarios económicos hostiles descritos en párrafos anteriores y que perjudican a la situación laboral, guarda una estrecha relación con la informalidad en el mercado de trabajo. En esta línea, Véliz y Díaz (2014) mencionan que, particularmente el empleo informal se presenta con firmeza en los países emergentes, como el Ecuador y demás países con características similares en Latinoamérica.
Ahora bien, en el marco particular de la pandemia, las medidas de contención de la COVID-19 provocaron que varias categorías de ocupación se vean aún más afectadas, especialmente aquellas realizadas por cuenta propia en un contexto de informalidad, frente al asalariado. En consecuencia, el resultado inevitable será el aumento gradual, pero significativo, de este sector en el tiempo. La razón subyacente es simple: no sólo se reincorporarán al mercado los trabajadores informales; sino que, a ellos, se les sumarán nuevos, siendo estos los trabajadores formales que perdieron su empleo, principalmente jóvenes, identificados como los más afectados en términos de caída del número de ocupados. Además, esta situación se agrava, al considerarse también a los jóvenes entrantes al mercado laboral (Weller, 2020).
Para apoyar dicho establecimiento, en el ámbito nacional, las estadísticas revelan que la mayor parte de la población que se encuentra en la informalidad oscila entre las edades de 21 a 50 años; a pesar de que una gran proporción cuente con estudios secundarios o superiores (Véliz y Díaz, 2014). A este mismo respecto, Petter y Moreno (2019) aluden que, aunque la tasa de desempleo en Ecuador es considerada como baja, no lo es así para el empleo inadecuado en donde uno de los colectivos más afectados vuelve a ser el de los jóvenes, reflejado por un deterioro de condiciones laborales, así como por situaciones relacionadas con discriminación por sexo y raza que contribuye a la generación del subempleo y a una mayor dependencia de los jóvenes hacia sus padres para subsistir.
Siguiendo esta misma línea, es posible establecer que la informalidad se constituye como un aspecto trascendental en materia laboral, dada su incidencia en las condiciones de trabajo juvenil, misma que se refleja a través de la inestabilidad laboral, la baja calidad de los empleos, la insuficiente protección jurídica y social, y la falta de oportunidades de formación (Confederación General de Trabajo, 2020). Dicha aseveración, es reafirmada por Boquin (2022), cuando establece que, en la actualidad, tanto el entorno laboral como el académico de la población joven, están caracterizados por sus altos grados de incertidumbre, debido a cambios pedagógicos y exigencias laborales, mismas que han dado paso a que este grupo etario cambie constantemente sus expectativas con respecto a sus decisiones de inserción laboral y continuación de estudios.
El caso de América Latina y el Caribe, es útil para ejemplificar esta realidad. De hecho, la OIT, a través de sus informes, reporta que la creación de más y mejores plazas de trabajo para los jóvenes es un desafío para la región, dadas las altas tasas de desocupación e informalidad que marcan su mercado laboral. Para corroborarlo, en el año 2018, la tasa de desempleo urbano de jóvenes latinoamericanos triplicó a la de los adultos y fue más que el doble de la tasa general de desempleo. En consecuencia, la OIT explica que, bajo este panorama, 6 de cada 10 jóvenes de la región que consiguen ocupación, están forzados a aceptar empleos dentro de la economía informal. Además, esta organización estima que alrededor de 20 millones de personas pertenecientes a este grupo poblacional, ni estudian ni trabajan como consecuencia de la frustración y desaliento ocasionados por la falta de oportunidades laborales (OIT, 2020a).
En Ecuador, este panorama se replica, tal como lo muestran las cifras del empleo adecuado por grupo etario, frente a la informalidad a nivel nacional, que se muestran en la Figura 7 . La gráfica, corrobora que la población de entre 15 y 24 años, son los que menor porcentaje registran dentro de las estadísticas de empleo adecuado. Por su parte, la informalidad muestra una tendencia claramente creciente, con un promedio del 43,6% aproximadamente, dentro del periodo de tiempo analizado. Ello, permite deducir entonces que, gran parte de la población joven que no ha podido acceder a una plaza de empleo adecuado, se ve forzado a recurrir a la informalidad.
En otras palabras, la informalidad ha dado paso al crecimiento de la población joven denominada “ninis”, cuya edad oscila entre los 15 y 25 años y que ni trabajan ni estudian, representando a nivel mundial un 22,4%, pero un porcentaje aún mayor en países subdesarrollados (Buitrón et al., 2018). Así, su surgimiento y crecimiento implica un estancamiento económico en el largo plazo, dado el desmejoramiento de la calidad del recurso humano e incrementando la desigualdad social (Buitrón et al., 2018), en donde las mujeres conforman la mayor parte de este grupo. Es por ello que este tema ha merecido un grado de importancia tal, que varios organismos internacionales pretenden crear políticas que mejoren la situación de este grupo; ampliando la oferta educativa, junto con la mejora de insumos escolares y capacitaciones laborales, apoyo financiero para los hogares, información al buscar empleo, impulsar programas para el desarrollo de habilidades, programas de pasantías en empresas, apoyo del gobierno a emprendedores, entre otros (Márquez, 2018). En esta línea, Tornarolli (2016) explica que en el periodo 1992-2014, en la mayoría de los países latinoamericanos, las estadísticas han mostrado una tendencia a la baja; no obstante, para el caso de Ecuador es distinto. De hecho, aunque durante el periodo 1999-2006 se evidenció una reducción de esta población en particular, a partir del 2007 hasta el 2014, se incrementó (Buitrón et al., 2018).
Con respecto a los efectos sociales derivados de la informalidad laboral regional, se identificaron aspectos teóricos trascendentales, estos se presentan en la Tabla 3 y cuyos establecimientos se exponen a continuación.
Centioni (2020) explica que, a raíz de la pandemia, los problemas económicos y sociales han contribuido al incremento significativo de la pobreza. Ello, debido a que las personas dejaron de percibir sus ingresos regulares, principalmente comerciantes informales, empleados sin trabajo estable y microempresas, dando paso al incremento de la delincuencia. Dicho panorama se agravó con la adaptación digital forzada que tuvo que enfrentar la educación, pues ésta amplió la brecha social entre personas con y sin acceso a dispositivos electrónicos e Internet en sus hogares.
En este mismo contexto, se debe mencionar que otra de las consecuencias sociales que trae consigo la informalidad es la violencia, tanto en contextos urbanos como rurales. Ello, debido a que la precariedad del mercado laboral, da paso al surgimiento de economías ilícitas y éstas, a su vez, al aparecimiento del crimen organizado dentro de la sociedad (Arias, 2017; Durán-Martínez, 2018; Goldstein, 2016; Hilgers y Macdonald, 2017; Moncada, 2016; Naciones Unidas, 2012; Rettberg, 2020). De hecho, este ha sido uno de los detonantes principales para que, en la actualidad, América Latina sea considerada como la región más violenta del mundo, registrando elevadas tasas de homicidios, justicia por mano propia, conflictos ambientales y violencia urbana (Rettberg, 2020). Para corroborarlo, en el año 2015 (último año para el cual se tiene información disponible), el Banco Mundial registró en la región 22,3 homicidios intencionales por cada 100 000 habitantes, frente a 5,95 casos a nivel mundial (Banco Mundial, 2021).
Ahora bien, a pesar de que estos fenómenos afectan a la sociedad en general, existen grupos particularmente vulnerables, entre los que se encuentran los defensores de Derechos Humanos, las mujeres y los jóvenes (Rettberg, 2020). Estos últimos, son las víctimas de asesinato principales en América Latina, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años y cuyas muertes están relacionadas con el crimen organizado y las pandillas. En este punto, merece la pena mencionar el caso de El Salvador, en donde la edad promedio de los jóvenes que se unen a pandillas es de 15 años y la edad promedio de los miembros a nivel general, es de 20.
Otros fenómenos que destacan en la región son los secuestros, los linchamientos y las manifestaciones de justicia por mano propia (Aguirre y Muggah, 2018; Rettberg, 2020; Vazsonyi et al., 2019) .
Conforme a los resultados de la encuesta dados a conocer, también es imprescindible destacar el punto de vista de las docentes a fin de concretar la información obtenida sobre el uso material didáctico concreto, por lo tanto, con las interpretaciones realizadas de las entrevistas se generaron los siguientes resultados sintetizados en la siguiente tabla.
Como se mostraron los resultados de la Tabla 3, el uso del material didáctico concreto es necesario para la geometría, por el aporte didáctico matemático que posee a fin de que los estudiantes generen aprendizajes de calidad. El trabajo con énfasis en lo concreto promueve a alcanzar aprendizajes significativos, lo cual conlleva a que se formen las bases sólidas de geometría para la formación de estudiantes creativos, autónomos, colaborativos y que resuelven problemas de la vida cotidiana, tal como lo estableció Ministerio de Educación (2011).
En cuanto a las ventajas y desventajas destacadas del uso del material didáctico concreto, se relacionan con los resultados del estudio de Saquicela y Arias (2011), quienes recomiendaron utilizar siempre este material por sus beneficios para la comprensión matemática; así se logró obtener resultados satisfactorios en esta área.
No obstante, la realidad educativa es diferente y como se ha mencionado los estudiantes presentan cierta dificultad para generar aprendizajes significativos, situación a mejorar con el uso del material concreto; pero su falta es evidente. Coyago y Chacon (2017) presentaron el mismo contexto en su estudio, los docentes no utilizaban este material y los estudiantes no lo conocian, conforme a su aplicación afirmaron que los discentes desarrollan habilidades y destrezas por la facilidad de manipulación que ofrece el material concreto; siendo necesario para que adquieran aprendizajes significativos.
Traduciendo este panorama de violencia en términos económicos, existen estudios que afirman que los costos asociados a esta problemática en la región, pueden llegar a alcanzar un 3,55% del PIB, la cifra más alta en comparación con países como Alemania (1,34%), Canadá (1,39%), Australia (1,76%), Francia (1,87%), Reino Unido (2,55%) y Estados Unidos (2,75%) (Jaitman, 2017).
Sin embargo, la gravedad de la violencia latinoamericana no se limita al ámbito social y económico, sino también al institucional, provocada por una desconfianza generalizada de los ciudadanos hacia las instituciones formales que tienen a su cargo la administración de la justicia. La razón de ello, obedece a los elevados niveles de impunidad de delitos, el mínimo cumplimiento de la justicia y la corrupción (Butt et al., 2019; Rettberg, 2020; United States Agency International Development [USAID], 2008). A este último respecto, Otero y Barrera (2021) mencionan que los jóvenes de sectores populares que han tenido obstáculos para incorporarse al mercado laboral, así como inconvenientes adicionales que los han llevado a cumplir con una condena penal, repercuten negativamente en la sociedad durante su proceso de reinserción. Ello, debido a que quienes ingresan en los centros de privación de libertad, no participan en verdaderos programas de capacitación laboral ni programas educativos que contribuyan finalmente a mejorar sus condiciones económico-laborales una vez que recobren su libertad.
En Ecuador, el panorama no es diferente y, a partir de la llegada del coronavirus, ha empeorado aún más. Así, aunque el número de homicidios intencionales por cada 100 000 habitantes en la nación es inferior al regional, siendo este de 6,49 en el 2015 y de 5,8 en el 2018, es ligeramente superior al mundial para este último año (5,78) (Banco Mundial, 2021).
Además, los casos de violencia se han incrementado notablemente, lo cual se ve reflejado en la tendencia creciente de las cifras de personas encarceladas en el país, tal como lo muestra la Figura 8. También, aunque en el periodo analizado los jóvenes encarcelados representan una proporción reducida con respecto al total, este mostró una tendencia ligeramente creciente.
Por otro lado, en cuanto a la administración de crímenes, los datos particulares de la nación ayudarían a explicar el porqué de la desconfianza en las instituciones a nivel regional. Según las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el 2018 , la ratio de personas detenidas no condenadas como proporción de la población carcelaria general en Ecuador, ha mostrado una tendencia creciente a partir del año 2016, llegando en el 2018 a ser del 34,9%, tal como lo muestra la Figura 9.
Por su parte, con respecto a las personas arrestadas y sentenciadas, la Figura 10 muestra que, las primeras, han mostrado una tendencia notablemente creciente, alcanzando una cifra de 214 en el 2014; mientras que, para las segundas, su tendencia es relativamente constante y se ubica en alrededor de 17 personas. Sin embargo, dicha afirmación no es concluyente, debido a la limitada cantidad de información disponible.
Llevando el análisis al año 2020 para Ecuador, existen reportes que afirman que las tasas de violencia relativamente bajas experimentadas en años anteriores a éste, cambiaron su tendencia a una creciente, debido al incremento significativo de asesinatos, alcanzando por ello una tasa de homicidios de 7,7 por cada 100 000 habitantes. Además, Guayaquil fue la ciudad que registró el mayor número de asesinatos en la nación, en donde también se registraron enfrentamientos entre pandillas, asesinatos en las calles y secuestros (Asmann y Jones, 2021). Dicha situación, se corrobora con la tendencia creciente de muertes violentas y su tasa por cada 100 000 habitantes, mismas que fueron de 1200 y 6,85% respectivamente, para el año 2020, tal como lo muestra la Figura 11.
Castillo-Robayo y García-Estévez (2019), mencionan que los jóvenes deben enfrentar barreras para la inserción productiva, en donde el propio desempleo es una de las principales, continuando por condiciones laborales precarias y remuneraciones bajas, en comparación con las recibidas por personas de mayor edad. A este respecto, regularmente se señala que una causa importante del desempleo en los jóvenes es la falta de experiencia, misma que provoca una deficiencia en las competencias demandadas. Sin embargo, también se reconoce ampliamente que este grupo etario suele presentar una formación académica que se corresponde con las demandas laborales, pero que terminan por desaprovecharse y desaparecer, dadas los largos periodos de tiempo de desempleo a los que deben enfrentarse.
Es por ello que se establece que los mayores niveles de educación juvenil deben ser utilizados en puestos laborales adecuados que den paso a un crecimiento económico mayor, en donde se pueda materializar el aprovechamiento de este capital humano dentro del mercado laboral. De hecho, Cerquera-Losada et al. (2020) señalan que el mayor aprovechamiento de la educación en el ámbito laboral permite finalmente que no se subutilicen recursos potenciales y que aumenten los niveles de satisfacción en los trabajadores. En esta línea, Álvarez y Alderete (2019) explican que el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en diversos sectores productivos, permite que las economías incrementen su nivel de desarrollo tecnológico, disminuyan las tasas de desempleo, mejoren sus condiciones de trabajo, disminuyan los niveles de pobreza, desigualdad y subempleo. No obstante, el autor señala la importancia del desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades en los trabajadores, tanto de los sectores urbanos como rurales, destacando así la importancia de la educación.
Sin embargo, para lograr los resultados positivos, Focás (2021) sostiene que la gestión de la seguridad social es un tema ineludible, en donde la gestión del riesgo en contra de los efectos negativos desprendidos de la informalidad, sean mitigados a través de actos efectivos y políticas públicas en favor de la población. En este contexto, Almanza et al. (2021) sostienen que las condiciones que fomentan la segmentación y desigualdad, es una consecuencia de las pocas oportunidades de formación y vinculación al mercado laboral, en donde la inseguridad tiene un alcance político, pues las personas demandan al Estado mayores niveles de seguridad cuando sus esfuerzos individuales por combatir la inseguridad comienzan a ser insuficientes (Luneke Reyes, 2021).
Es innegable que la pandemia provocada por la COVID-19 ha causado graves consecuencias a la población a nivel mundial, regional y nacional. Sin embargo, la gravedad de los efectos es distinta al evaluar a los grupos etarios, en donde los jóvenes, están siendo los más afectados bajo los actuales escenarios de hostilidad económica y social. De hecho, las cifras estadísticas de desempleo, informalidad y criminalidad a nivel latinoamericano y ecuatoriano así lo demuestran.
En materia económica, los resultados expuestos corroboran las afirmaciones que establecen que la creación de empleos para los jóvenes latinoamericanos es un verdadero reto, debido a la alta informalidad existente dentro del mercado laboral. No obstante, lo que debe rescatarse de ello y reconocerse como causa es la compleja situación socioeconómica de la región presentada incluso antes de pandemia, lo cual ha provocado su alta vulnerabilidad frente a las crisis, independientemente de la naturaleza de las mismas. De hecho, estas últimas han dado paso al deterioro de las condiciones del mercado laboral, las cuales han dado paso al llamado ‘adulto centrismo’ que relega a los jóvenes de las plazas de trabajo formales a causa de criterios de selección y contratación tradicionalistas, obstaculizando así el proceso normal de inserción laboral y, en consecuencia, del progreso profesional. En conjunto, dichos aspectos dirigen de forma inminente al desmejoramiento de la calidad de vida de la población en general, al igual que a la subutilización del capital humano, mismo que se presenta como potencialmente aprovechable en entornos altamente cambiantes como los actuales.
En materia social, el panorama es tan desalentador como el económico. Así, como consecuencia del desplazamiento de los jóvenes hacia el mercado laboral informal, la criminalidad se ha visto generalizada no sólo en Ecuador, sino que también en toda la región latinoamericana. Gran parte de dicha problemática obedece a la falta de oportunidades laborales adaptadas a las necesidades de los jóvenes quienes, en su afán por conseguir los recursos para el sustento de sus familias, forzosamente aceptan trabajar en la informalidad e incluso, en contextos ilícitos. El resultado de ello es claro y se traduce en los altos índices de criminalidad y desconfianza en las instituciones públicas, que involucran y afectan al progreso social y económico en general. En este punto, es importante recalcar el rol fundamental que deben cumplir las instituciones en materia de administración de la justicia y desarrollo de competencias en entornos urbanos y rurales, de tal manera que establezcan medidas público-privadas útiles para mitigar el incremento de la criminalidad a través de programas de formación y desarrollo de habilidades laborales, rehabilitación y reinserción social, mejora de la infraestructura educativa, apoyo al emprendimiento, entre los principales.
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
© Armijos Orellana Ana, Maldonado Matute Juan, Guerrero Maxi Pedro y González Calle María.
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1Economista con mención Económica Empresarial, por la Universidad del Azuay - Ecuador.
2Magister en Matemáticas Aplicadas, por la Universidad del Azuay - Ecuador. Maestro en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, por el Instituto Tecnológico Monterrey – México.
3Magister en Salud Organizacional y Seguridad en el Trabajo, por la Universidad del Azuay - Ecuador.
4Magister en Administración de Empresas, por la Universidad del Azuay - Ecuador.